Le llaman la política de la pelea de perros: mientras se estén peleando no te metas, pues corres el riesgo de salir mordido. Lo mejor es esperar a que uno se retire, o de plano caiga rendido o muerto. Lo dijo el general Leana Ojeda cuando aún era presidente López Obrador: la paz en Sinaloa depende de que los grupos antagónicos se dejen de pelear porque el gobierno y las Fuerzas Armadas no van a hacer nada. La apuesta seguramente era que uno de los dos vencería rápido al otro. No solo no ha sucedido, sino que 90 días después de iniciado el conflicto la violencia sigue en ascenso, no hay condiciones para que los niños vayan a la escuela, los comercios están sufriendo la falta de ventas y los habitantes de Culiacán tienen miedo.

Tres meses después ha quedado claro que la apuesta del gobierno de López Obrador y luego de Claudia Sheinbaum ha sido errónea: la capacidad de fuego es pareja y los “perros” son mucho más fuertes de lo que pensaban, son verdaderos ejércitos, con muchos combatientes y gran capacidad de fuego.

Hay quién podrá pensar que el gran ganador con el conflicto es el gobierno, pues las dos bandas saldrán terriblemente debilitadas de esta confrontación. No solo se dividió el Cartel de Sinaloa, el más poderoso del país, sino que la larga guerra interna debilitará a los dos bandos. Todo sí, la pregunta es cuál es el costo de esta decisión y quién lo paga.

Pensar que como se pelean entre ellos los muertos no importan, como lo han dicho de diferentes maneras todos los presidente y gobernadores de las zonas de conflicto de Zedillo a la fecha, no solo es falso, sino que es una política que debilita profundamente al Estado mexicano. Presidentes y gobernadores se lavan las manos, cuidan su imagen (que no la investidura) y le pasan todo el costo a la sociedad que es la que pone a los muertos -sean delincuentes o no- y los costos derivados de la guerra.

La salida ha sido culpar al gobierno de Estados Unidos. El discurso es que todo estaba tranquilo hasta que los gringos se metieron a pactar con unos y detener al líder del otro grupo. Sin embargo, Chiapas, Tabasco y Guanajuato parecen caminar hacia la misma dirección: grupos antagónicos enfrentados por el control de una plaza, generando muchísima violencia, sin que el Estado mexicano tenga una política de pacificación más allá de contar cuántos muertos van de cada lado y a veces ni eso.

¿Cuál es el límite de la política de la pelea del perro? El que establezca la sociedad. Mientras sigamos tolerando, premiando e incluso aplaudiendo la inacción del Estado, no hay razón alguna para que cambien esa política cuya única complicación es adaptar el discurso a la situación en turno.

Diego Petersen Farah

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